Viernes, 13 de Febrero de 2026
El contrabando de GLP envasado en América latina tiene su epicentro en Ecuador y su radiación se expande a sus vecinos: Colombia y Perú, donde días pasados dieron cuenta, con sendas noticias, del fenómeno.
La cuestión tiene origen en un precio subsidiado al usuario final. Según la respuesta que da la IA, explica lo siguiente: “El precio oficial del cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico (15 kg) en Ecuador se mantiene subsidiado en USD 1,65. Este valor es fijado por el gobierno y se aplica a la venta al consumidor final en depósitos, garantizando estabilidad y un precio justo para las familias ecuatorianas”.
Quien contrabandea tiene un pingue negocio: cruzando la frontera le puede hacer una diferencia de diez dólares. Veamos las noticias del tema:
La Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) informó días pasados sobre la reciente condena a un ciudadano ecuatoriano, un ejemplo de los pocos que llegan a condenas firmes, por el contrabando en ciudades limítrofes.
Al condenado, se le encontró, en un paso no habilitado (que son utilizados para evadir controles oficiales y como parte central del esquema del contrabando regional), varios cilindros sin documentación (identificables por su color y marca de empresas ecuatorianas), mercancía adicional para disimular la carga y ausencia total de facturas o procesos de nacionalización. Ese hallazgo permitió, meses después, activar el proceso penal correspondiente.
En el caso de Perú, La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) reveló el año pasado las cifras que muestran un crecimiento “exponencial” del tráfico ilegal en los últimos años, donde sólo en 2024 el contrabando de GLP envasado alcanzó un impacto económico que supera los US$16 millones anuales. El 80% del gas ilegal ingresa por la frontera de Tumbes y Piura.
Tanto en Perú como en Colombia, el contrabando provoca una pérdida que golpea directamente a la formalidad, a la competencia justa y a la propia seguridad de las familias.